Fiscalía pedirá anular inicio del juicio oral contra Martín Vizcarra

Sentado cómodamente sobre un diván, vistiendo ropa deportiva, Martín Vizcarra saluda una vez más a su medio millón de seguidores desde Tiktok. Es 1 de mayo, Día del Trabajo, y sus felicitaciones están dirigidas a los peruanos que “salen adelante”. En otro video, el expresidente, muy sonriente, presenta a su mascota Morita; en otro, comenta de sus viajes por el país; y en otra publicación se le ve caminando por asentamientos humanos en San Juan de Miraflores, hablando con los vecinos, cual candidato en campaña política.

Así, el exmandatario les muestra a todos que, pese a ser sindicado de cobrar millonarias coimas, estar inhabilitado para ocupar cargos públicos por 10 años y tener a la justicia respirándole en la nuca, es posible buscar votos y vivir sin preocupaciones.

Lo tiene sin cuidado que el fiscal Germán Juárez, del equipo especial Lava Jato, haya presentado una acusación en su contra en diciembre de 2022. Por eso, aún celebra.

Al exgobernante se le imputa haber recibido S/2.3 millones en sobornos de las empresas Obrainsa e ICCGSA, que se adjudicaron dos obras cuando este era presidente regional de Moquegua, entre 2011 y 2014.

Solo meses después de interpuesta la acusación fiscal, en mayo de 2023, el exjefe de Estado anunciaba la inscripción de su partido Perú Primero. Sus aspiraciones políticas no encontraban techo ni límites al momento de cruzar la línea de la justicia, como ocurrió en el Cusco, en febrero de 2022, cuando se le sorprendió con Zully Pinchi.

La Fiscalía quiere conseguir la condena contra Martín Vizcarra, aunque hay procedimientos que se deben cumplir.

El inicio del juicio oral contra el expresidente ordenado el último viernes por la jueza Margarita Salcedo parecía ponerle fin al jolgorio tiktokero. Pero no será así.

Es más, hasta el propio fiscal Juárez —según fuentes consultadas por Perú21— quedó sorprendido con la decisión de la magistrada: ha ignorado el pedido para incluir el delito de colusión en la acusación, lo cual podría generar nulidades.

Salcedo, de esta forma, ha contribuido para encaminar el proceso a ese desenlace. Sin embargo, desde el lado de la Fiscalía, la falta de coordinación también ha sumado para provocar un impasse legal.

Discrepancias fiscales

El último 19 de abril, el fiscal Germán Juárez solicitó a la jueza del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria que amplíe la acusación contra Martín Vizcarra.

Hasta esa fecha, el proceso penal era solo por el cobro de coimas (cohecho) y ahora Juárez requería que se incluya el delito de colusión.

Con esto, la estimación de la pena contra el exmandatario se eleva a 25 años de prisión, ya que por cohecho se proyecta una condena de 15 años y por colusión de 10 años.

No obstante, en su pedido, el fiscal dejaba en claro que se trataba de una orden, emitida en diciembre de 2023, de la coordinadora del equipo especial Lava Jato, la fiscal Elssie Garavito Changa. Él solo acataba la disposición jerárquica.

El Código Penal estipula que, por cometer colusión simple, la pena máxima es de seis años de cárcel. Por tanto, la vigencia del delito se venció en 2019. Ese criterio consideró Juárez para no incorporar el delito inicialmente.

Pero la fiscal Garavito concluyó que, debido a que el acto fue cometido por un funcionario público, la pena se duplica. En conclusión, llegaría a 12 años de prisión, por lo que recién prescribiría en 2025.

Esta discrepancia sucedió mientras el fiscal Rafael Vela, el coordinador titular del equipo especial, estaba suspendido de sus funciones por orden de la Autoridad Nacional de Control (ANC).

Incluir el delito de colusión, en realidad, no cambia el relato de los hechos.

Según la acusación, Vizcarra Cornejo se coludió con Elard Tejeda Moscoso, representante de Obrainsa, para cobrar a la empresa S/1 millón ilícitos a cambio de detallarle el monto límite que podían proponer para ganar la licitación del proyecto de irrigación Lomas de Ilo. Si bien la convocatoria estaba a cargo de Naciones Unidas, a través de la Unops, el Gobierno Regional de Moquegua manejaba detalles del concurso.

Con ICCGSA sucedió algo similar. El exgobernador habría pactado con el ejecutivo Rafael Granados el desembolso de S/1 millón 300 mil para conceder la construcción del Hospital de Moquegua. Incluso, fue José Manuel Hernández, examigo de Vizcarra y su exministro de Agricultura, quien, convertido en colaborador eficaz, reconoció que fue el mediador para el cobro de las coimas y hasta entregó chats que intercambió con Vizcarra.

Sin embargo, lo que provocaría este tardío pedido de ampliación, presentado cinco meses después de emitida la orden de la fiscal superior, es que el proceso penal se retrase. Y es lo que a todas luces sucederá.

Jueza pone trabas

El requerimiento para incorporar colusión en el proceso fue presentado en la etapa de control de acusación —fase en que el juez admite o rechaza las pruebas que serán analizadas en el juicio oral— a fines de abril. Es decir, luego de siete meses de empezadas las diligencias, que se originaron en noviembre de 2023.

En la Fiscalía esperaban que la jueza Salcedo incluyera esta medida en las audiencias, pero no lo hizo. Por el contrario, el pasado viernes notificó la orden de inicio de juicio contemplando solo el delito de cohecho, mas no colusión. Y eso no es todo.

En la audiencia del 26 de abril, el fiscal Osías Castañeda, adjunto de Juárez, reclamó a la jueza por no permitir el debate oral de las evidencias entregadas por la defensa. Salcedo quería que las observaciones sean presentadas por escrito y así lo dejó sentado, lo cual dejó preocupado a Castañeda.

“Que usted no acepte una oposición oral, que sí es factible de acuerdo al Nuevo Código Procesal Penal, va a acarrear futuras nulidades; solicitamos que sean escuchadas nuestras oposiciones y luego de evaluar usted pueda emitir la resolución correspondiente. No va a existir otra etapa para debatir que estas pruebas son impertinentes”, alegó en la diligencia.

Según fuentes consultadas por Perú21, el fiscal Juárez pedirá la nulidad de esa decisión judicial porque la magistrada ignoró la ampliación y con ello se vulnera el proceso penal.

“Todo lo que ha hecho la jueza es irregular, no solo con la ampliación, sino que tampoco quiso debatir en audiencia la oposición a las pruebas presentadas por la defensa; es decir, no corresponde estar en la fase de convocatoria de juicio porque no se han resuelto varias observaciones”, refirieron las fuentes.

Fernando Ugaz, abogado de Martín Vizcarra, también expresó su extrañeza por el razonamiento de la jueza Salcedo.

“Es imposible, es una locura, la jueza ha hecho un entuerto, no puede haber dos autos de enjuiciamiento por el mismo caso; ya terminó la etapa intermedia, esta jueza nos ha llevado a este escenario, la jueza ya tenía la ampliación de la acusación, pero ella ha corrido todo esto para emitir el auto de enjuiciamiento y no verá colusión”, declaró a este diario.

A diferencia de los fiscales, a Ugaz le conviene llegar así a juicio. Defender a su patrocinado por uno y no por dos delitos resulta menos engorroso. De hecho, dijo que ya está esperando esa etapa.

Y el que sonríe con estos contratiempos es el propio Martín Vizcarra. Lo mínimo que sucederá en este escenario es que su juicio se postergue y él pueda permanecer libre, seguramente preparando la cancha para que su partido participe de las elecciones de 2026.

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