Los pagos ilícitos de empresas chinas que ahora operan en Perú

El 20 de agosto de 2021, cientos de vecinos llegaban al estadio municipal Virgen de Lourdes de Villa María del Triunfo para ver al exmandatario Pedro Castillo y a su entonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, enterrar la primera tubería del anhelado proyecto Nueva Rinconada.

En un enérgico discurso, Castillo prometía estar vigilante para que no se le robara “ni un sol al pueblo” y se entregase la obra en el plazo prometido. Y es que las ilusiones de miles de personas están depositadas en este trabajo que para otros solo son tubos y cemento.

“La obra de agua y saneamiento más grande en el Perú”, como anunció Sedapal por todo lo alto, fue adjudicada al consorcio San Miguel y demandará una inversión de S/1,226 millones.

El principal accionista del consorcio es China Machinery Engineering Corporation (CMEC), increíblemente, una empresa investigada en Venezuela por realizar millonarios pagos a funcionarios para adjudicarse contratos en ese país.

Pero CMEC no es la única empresa china comprometida con desembolsos ilícitos y comisiones. Según un documento judicial del Tribunal Superior del Principado de Andorra, al que Perú21 tuvo acceso, China CAMC Engineering (subsidiaria, al igual que CMEC, del grupo estatal chino Sinomach) realizó transferencias a empresas de consultoría fantasmas.

China CAMC, además, está inhabilitada por fraude para trabajar con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hasta octubre de 2026. Así consta en la misma página web del BID.

Según el capítulo “Fondos Chinos” de la investigación judicial de Andorra, CMEC firmó un acuerdo con la consultora DT Investments and Consulting, el cual señalaba que si CMEC conseguía contratar con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) para construir una estación eléctrica en el estado de Zuila, DT Investments recibiría un porcentaje del pago.

CMEC consiguió el contrato, y en noviembre de 2011 firmó con PDVSA. Por ello, el 17 de agosto de 2012, DT Investments recibió una transferencia de CMEC por casi US$10 millones.

Los siguientes cuatro pagos que realizó CMEC a Highland Assets, otra empresa consultora, fueron por más de US$56 millones por la planta termoeléctrica de El Vigía en el estado de Mérida (Venezuela).

La construcción de la planta estuvo a cargo de China CAMC Engineering. En el documento judicial también se menciona a China CAMC, a la cual se le atribuye haber abonado a Highland Assets US$106 millones, equivalente al 10% del monto del contrato por El Vigía, entre junio de 2011 y octubre de 2012.

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¿Quién era el beneficiario de estos pagos? El representante de Highland Assets y DT Investments era Luis Mariano Rodríguez Cabello. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela lo identificó como miembro de la organización criminal “Grupo Salazar”, conformado por personajes como Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez (expresidente del PDVSA entre el 2004 y 2013).

CMEC en Perú

Entre octubre de 2019 y marzo de 2021, Sedapal y la UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos) firmaron una serie de convenios para que esta última entidad se encargue del proceso de licitación de seis proyectos de agua potable y alcantarillado en Lima.

Como resultado de estos acuerdos, China Machinery Engineering Corporation (CMEC) y Sumec Complete Equipment & Engineering, ambas subsidiarias del conglomerado chino Sinomach, obtuvieron tres contratos con Sedapal valorizadas en más de S/ 1,445 millones.

El primer proyecto —Nueva Rinconada (en el sur de Lima)— fue adjudicado al consorcio San Miguel por más de S/ 1,226 millones; el segundo —Incahuasi (en el distrito de Comas)— fue otorgado al consorcio San Isaías por más de S/71 millones. Ambos consorcios, San Miguel y San Isaías, están integrados por CMEC, la empresa china implicada en la investigación de Andorra.

La buena pro de la tercera obra, también en Comas, fue obtenida por Sumec, empresa hermana de CMEC, por S/148 millones.

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Pero las empresas chinas no solo ganaron contratos con Sedapal, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda. A fines de diciembre de 2021, el Ministerio de Energía y Minas otorgó la buena pro de la instalación de un sistema de electrificación en la región de Amazonas a favor del Consorcio Numpatkay, conformado por China CAMC Engineering Co. (perteneciente al grupo estatal chino Sinomach) e INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C. de Roberto Aguilar Quispe, el personaje señalado por la lobista Karelim López de integrar la organización criminal de Pedro Castillo.

Otro proyecto adjudicado a China CAMC fue la construcción del Hospital San Martín de Pangoa en noviembre de 2020 por casi S/95 millones. La obra fue licitada por el gobierno regional de Junín durante la gestión de Fernando Orihuela, exmilitante de Perú Libre.

Es decir, Sinomach, a través de tres subsidiarias con oficinas en Perú, se ha adjudicado al menos cinco obras entre agosto de 2021 y abril de 2022. Dos de estas subsidiarias, CMEC y China CAMC, son mencionadas en el capítulo “Fondos Chinos” de Andorra por pagos a funcionarios venezolanos.

Consultado sobre las empresas chinas investigadas en el extranjero, el exministro del Interior Walter Albán señaló que “si tienen estas mismas empresas vínculos o contratos con el Estado peruano a través de diferentes instituciones, sí me parece que hay una alta probabilidad de que las prácticas sean exactamente las mismas”.

Cruza fronteras

A fines de marzo de 2022, la justicia ecuatoriana dictó prisión preventiva contra el excontralor Pablo Celi de la Torre por haber desaparecido un informe que sancionaba a China CAMC con US$22.6 millones. Según el comunicado de la Fiscalía, la empresa china le habría pagado al excontralor alrededor de US$1.3 millones.

En el caso de Bolivia, China CAMC tuvo como gerente comercial a Gabriela Zapata, exnovia de Evo Morales, quien fue sentenciada a prisión por una serie de delitos, entre ellos, legitimación de ganancias ilícitas y uso indebido de bienes y servicios públicos. Zapata fue puesta en libertad a fines de 2021.

Este diario buscó los descargos de CMEC, la subsidiaria china que opera en el Perú, y señaló que no tiene “ninguna investigación” actualmente. “Respecto al caso que se hace referencia no hemos recibido nunca ninguna comunicación, ni hemos sido investigados y menos acusados por ello hasta la fecha”, respondió la compañía.

Tenga en cuenta

-Hay 153 empresas chinas que no pueden contratar con el Banco Interamericano de Desarrollo por fraude, colusión o corrupción.

-El Consorcio San Miguel, conformado por CMEC y 2 empresas peruanas, acumula cinco penalidades por S/701,000, según informó Sedapal.

-La empresa obtuvo la buena pro en abril de 2021, la perdió al mes siguiente, y la recuperó en julio.

-Durante el gobierno de Pedro Castillo, se otorgaron cuatro obras a consorcios integrados por CMEC y China CAMC.

-Una de estas obras en la región de Amazonas fue licitada por el Minem. El Consorcio Guadalupe ganó inicialmente el concurso público. Pero en diciembre de 2021, el Consorcio Numpatkay (integrado por China CAMC) apeló la decisión ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, y terminó ganando la buena pro.

Samuel Rotta, director de Proética: “El régimen de contratación debe permitir un control más efectivo”

Desde su experiencia en temas de corrupción, ¿cómo pasamos de Lava Jato-Odebrecht a un nuevo grupo de empresas chinas investigadas?

Lava Jato tuvo varias dimensiones. Una de ellas fue la del financiamiento a las campañas políticas. Y sobre eso hubo discusión pública. Se planteó varias reformas. El delito de financiamiento ilícito, por ejemplo, se adopta a raíz de eso. Pero la otra dimensión de Lava Jato era la corrupción más manual, de coimas en megaproyectos de inversión, eso no generó mayores cambios. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que fue el centro del escándalo, no cambió nada. No hubo rediseño, no se reorganizó. Recién ahora se ha presentado una propuesta de nueva Ley de Contrataciones del Estado. Entonces, ¿cómo pasamos de esto a esto? Bueno, porque básicamente las condiciones siguieron siendo exactamente las mismas para que actores corruptos pudieran intentar aprovecharse del presupuesto público.

¿A qué se deben estos mecanismos de control tan frágiles en la licitación de obras públicas?

Todos estos conceptos de, por ejemplo, conoce a quién le estás vendiendo, conoce a quién estás contratando, lo cual implica hacer una búsqueda más exhaustiva si estás invirtiendo un montón de plata, son conceptos que parecen de ciencia ficción en nuestra administración pública cuando debería ser el estándar.

De los proyectos a cargo de estas empresas chinas, al menos tres han sido licitados por la UNOPS. ¿Hay garantías de transparencia?

Estos mecanismos de entidades internacionales no son nuevos. Se hacía, por ejemplo, en los 90 con Alberto Fujimori y cuando Castañeda fue alcalde de Lima hacía lo mismo. El supuesto es que te ahorras un proceso de contratación complicado, engorroso, largo e incierto como es el de la contratación pública peruana. Pero hasta hace mucho, estos procesos estaban exentos del control de la Contraloría. Entonces, esta práctica debería eliminarse y dar paso a que todo esté bajo un mismo régimen, que es el régimen de la contratación pública peruana, con los mismos estándares. Por supuesto, renovada, más exigente, más transparente y que te permite un control mucho más efectivo.