Sedapal cancela convenios con Unops “por falta de transparencia”

El 17 de febrero del año pasado, Vanessa Mariano y sus tres hijos se encontraban en su humilde vivienda ubicada en el asentamiento humano Virgen de Lourdes en Villa María del Triunfo cuando de pronto escucharon sonidos estremecedores que parecían truenos. Una roca perforó el techo de calamina de la casa e impactó a la hija de Vanessa, lo que provocó su muerte.

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Los sonidos fuertes que escucharon Vanessa y su familia eran rocas que se desprendían del reservorio RAP-10, donde dos trabajadores del consorcio chino-peruano San Miguel realizaban obras fuera del horario de trabajo con materiales explosivos, según un informe técnico de Sedapal al que Perú21 tuvo acceso.

Casi cuatro meses después del accidente, el consorcio San Miguel recibió una penalidad de S/233,827 por las dos infracciones que habrían ocasionado la súbita muerte de la menor de 14 años.

En respuesta a este hecho, el consorcio señaló a este medio que el Ministerio Público no los halló responsables del accidente. Sin embargo, la contratista reconoció que le brindaron a la familia de la menor un “significativo apoyo”. Y, así, el consorcio resolvió y tapó la tragedia.

Perú21 también se comunicó con Vanessa Mariano, madre de la menor. No obstante, dijo que no podía brindar declaraciones y que remitiría nuestras preguntas a sus abogados.

El proyecto Nueva Rinconada— que promete dar acceso a agua potable y servicios de alcantarillado a más de 300 mil peruanos en el sur de Lima— fue adjudicado durante la gestión de Pedro Castillo con Geiner Alvarado al mando del Ministerio de Vivienda.

UNOPS Y SEDAPAL SE SEPARAN

La megaobra de Sedapal —adscrito a Vivienda— fue licitada por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) en el marco de un convenio de cooperación entre ambas entidades. Mónica Siles, representante de Unops en Perú, y Francisco Dumler, exdirector de Sedapal, fueron los que suscribieron el acuerdo.

En 2022, Sedapal y Unops firmaron 32 convenios, en los cuales la entidad estatal le encargaba a la oficina de las Naciones Unidas seleccionar las ‘mejores empresas’ que ejecutarían obras que ayudarían a reducir la brecha de acceso a servicios básicos como el agua. Sin embargo, Unops confirmó a Perú21 que Sedapal canceló 13 de los 32 convenios sin explicación alguna.

“Unops desconoce las razones internas que motivaron a Sedapal a cancelar los mismos”, indica el documento enviado a esta redacción.

En una entrevista con este diario, el gerente de obras y proyectos de Sedapal Julio Ramírez sostuvo que dejaron sin efecto los convenios por la poca transparencia en los procesos de licitaciones, así como la elección de compañías cuestionadas y demoras en los tiempos de selección.

“A pesar de que nosotros insistíamos que nos alcance información durante el proceso, ellos decían ‘nuestras normas no lo permiten; espera a que termine y ahí te enterarás’. Algo así. No había transparencia y los resultados no eran lo que esperábamos”, sostuvo Ramírez (ver entrevista).

Pero esta no es la primera vez que el gobierno peruano cancela un convenio con Unops.

En setiembre de 2021, Geiner Alvarado y Mónica Siles, directora de la Unops en Perú, suscribieron un convenio para llevar a cabo la licitación de un megaproyecto de agua y saneamiento en la ciudad de Juliaca en Puno. Sin embargo, el acuerdo fue cancelado a fines de marzo de este año por la actual ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, puesto que se hallaron irregularidades en el proceso de selección.

A fines de 2022, salió a la luz un audio que involucraba a miembros de la red criminal liderada por Pedro Castillo: Salatiel Marrufo y el empresario Zamir Villaverde. La conversación reveló que Villaverde estaba organizando una reunión en el Ministerio de Vivienda entre la presidenta de Unops, Mónica Siles, y Marrufo y el exministro Geiner Alvarado.

“Triangulamos todo con la tía y contigo, lógicamente. Necesitamos operar”, se escucha decir a Marrufo en un audio vergonzoso.

“Su esposo es quien está metido”, responde Villaverde. “Le mandas una carta a la Unops que queremos tal; es más, no solo para hacer esta, sino para hacer varias (obras)”.

En un pronunciamiento oficial enviado a este diario, Unops señaló que desconoce el “estado actual” del proyecto de Juliaca.

El oficial de Alianzas de Unops para la región Andina, Fredy Salazar, indicó a Perú21 que la ministra de Vivienda Pérez de Cuéllar expresó su preocupación al director regional de Unops, Fabrizio Feliciani, sobre la participación de empresas chinas en el sector de construcción en Perú.

¿Acaso Unops no debería responder en el Ministerio Público por estos cuestionamientos?

CARTA LIBRE

A la fecha, el consorcio San Miguel —contratista chino-peruano encargado del proyecto Nueva Rinconada de Sedapal— acumula S/116′913,544 en penalidades, según información brindada por funcionarios de Sedapal a este diario. Esta cifra representa el 10% del monto total del contrato, equivalente al porcentaje máximo permitido por la Ley de Contrataciones del Estado. La normativa establece que la entidad estatal podría dejar sin efecto el contrato.

Por otro lado, si las infracciones superan el 10%, Sedapal ya no puede cobrar ningún otro incumplimiento más por parte del consorcio, sostuvo la jefa de obras, Paula Olarte. Es decir, la compañía tiene carta libre para ejecutar la obra sin la posibilidad de que Sedapal pueda cobrar otra penalidad.

El funcionario de Sedapal, Julio Ramírez, señaló que, si bien se puede disolver el contrato, no están en la obligación de hacerlo “porque hay que hacer un análisis costo-beneficio”. Por su parte, el especialista de proyectos Ronald Rodríguez recalcó que, si el consorcio “se mantiene en su posición de que está ejecutando (la obra) de manera adelantada y se va a llegar a los plazos, la entidad puede seguir ejecutando”.

Si bien la obra se encuentra adelantada, los antecedentes del consorcio San Miguel son cuestionables. Un informe de este diario reveló que China Machinery Engineering Corporation (CMEC) —integrante del consorcio— es investigada en Andorra por pagos ilícitos por más de US$66′000,000 realizados a funcionarios para la adjudicación de obras en Venezuela.

Perú21 también informó sobre el incumplimiento en la entrega de 20 kilómetros de tuberías así como el incumplimiento de normativas medioambientales, y el uso de materiales no autorizados como los explosivos vinculados al deceso de la hija de Vanessa Mariano. El consorcio respondió a esto con una carta notarial en la que aseguraban que el inclumplimiento de los 20 kilómetros no generará un retraso en la obra.

Según una fuente de este diario, el consorcio también incumple con el pago a sus proveedores. San Miguel tiene una deuda de más de S/230,000 con una empresa nacional que le suministra materiales para el proyecto Nueva Rinconada. La fuente indica que mantenía comunicación con la contratista a través del correo institucional del consorcio San Isaías, conformado también por la empresa china que integra el consorcio San Miguel.

La especialista en gestión pública Karla Gaviño señaló que, al no haber ningún tipo de consecuencia respecto a futuras infracciones, la relación contractual con la contratista—para “que adecúe su conducta en lo que está establecido en los contratos y las normas”— se pone en riesgo.

Sobre las dos últimas penalidades que suman S/116′212,062, el consorcio señala que han “procedido a impugnarlas”, ya que las consideran “arbitrarias”. “Por tanto, mientras dicho trámite se encuentre pendiente de resolución, no pueden considerarse penalidades consentidas”, anota la contratista.