Regidores bajo ataque

El 5 de noviembre pasado, a las 9:30 a.m., Dayana Ruiz Simón, una joven regidora de Breña, recibió un impacto de bala en el pecho cuando participaba en una procesión en las inmediaciones del municipio. El ataque quedó grabado por la cámara que registraba la celebración. En un principio, Ruiz no se percató del disparo hasta que, por el dolor, se tocó y notó que la sangre chorreaba entre sus dedos.

Todo indica que quisieron asesinarla. La Fiscalía de Breña calificó el hecho como tentativa de homicidio.

Aún perturbada por ese atentado, la funcionaria cuenta a Perú21 entre lágrimas haber sido llevada al hospital Santa Rosa de Lima, donde fue operada de emergencia.

La regidora tiene dificultades para mantener una conversación prolongada. El impacto del proyectil pudo ser fatal, pues casi perfora una arteria cerca del corazón. Su dolor es profundo, y su consternación por lo que pueda sucederle aún más.

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“Yo denuncié, el 27 de octubre, en sesión de concejo, el acoso político que venía sufriendo. Y también indiqué que, de continuar esto, yo iba a denunciar a la Contraloría y a la Defensoría del Pueblo”, manifestó Dayana Ruiz.

Como parte de la investigación fiscal, se ordenó recoger el testimonio del alcalde Luis de la Mata Martínez, y que su comuna proporcione videos e imágenes del atentado. Sin embargo, el ayuntamiento le informó a la regidora que las cámaras de seguridad estaban desactivadas durante el incidente.

¿Qué hizo la concejal para convertirse en una víctima? ¿Serán sus funciones la razón del atentado?

Ruiz es una de las tres regidoras que votó en contra de un convenio de cooperación entre la Municipalidad de Breña y una empresa de origen estadounidense, según los registros de Sunarp.

Como parte del acuerdo, Upsa Corporation se comprometió con entregar en donación la construcción de un complejo de adulto mayor y una camioneta.

A cambio, el municipio debía custodiarle a la empresa documentos financieros vinculados a un Proyecto Social de Vivienda que tendría el financiamiento externo del Banco Abu Dabi en Dubái. El acuerdo indica que la documentación debía ser guardada en un casillero de seguridad en el Banco de la Nación.

José Palomino García, representante del proyecto social de ayuda mutua entre el municipio y Upsa Corporation, contó a este diario que una empresa extranjera —cuyo nombre no quiso revelar— iba a hipotecar un terreno en Pisco para construir viviendas sociales.

Consultado sobre su vínculo con la compañía, Palomino indicó que él solo estuvo a cargo de presentar ante la municipalidad la propuesta de la sede del adulto mayor.

Confesó, además, que un amigo le había presentado a Fabian Calixto Fernández, representante legal de Upsa Corporation, quien finalmente suscribió el convenio con el burgomaestre de Breña Luis de la Mata.

“Parecidas a las casas de Techo Propio”, dijo Palomino al describir cómo sería el proyecto de vivienda social. Él también aseguró que es el presidente de la Asociación de Adulto Mayor Cuarto Rey Mago en Breña.

“El banco de Dubái iba a recibir un pagaré corporativo como garantía por el dinero que va a dar por la hipoteca (del terreno). La empresa que va a financiar la hipoteca quería que un banco en Perú tome en custodia el documento del pagaré”, agregó.

Perú21 fue al domicilio que Upsa Corporation declaró a la Sunat, ubicado en la urbanización San Gabriel, en Villa María del Triunfo. El único negocio visible era un humilde puesto de cremoladas y gelatinas. La mujer que atendía era la hermana de Fabian Calixto, una anciana de 80 años que dice ser la propietaria de la casa.

Sobre su hermano Fabián tuvo muy poco que decir. “Él es el último de mis hermanos... un hombre muy ambicioso”, refirió, aunque no lo dijo como una virtud a resaltar, sino con cierta pena.

Por su parte, el alcalde de Breña, Luis de la Mata, ha contestado a este diario de manera evasiva.

“En su momento brindaremos los informes al vecindario como lo venimos efectuando en las reuniones vecinales”, dijo el burgomaestre al ser consultado por qué había firmado un convenio con Upsa Corporation. “Pronto tendrá una respuesta”, puntualizó.  Sobre el intento de asesinato a la regidora Ruiz, la autoridad edil lo calificó como una “intensión de desestabilizar o desprestigiar la gestión municipal”.

SIGUEN LOS ABUSOS

Dos semanas antes del incidente contra la regidora de Breña, otra autoridad edil en Comas fue atacada. El auto de Rosa Corzo, una de las pocas regidoras de oposición, fue baleado siete veces por dos delincuentes en una moto lineal.

Esto ocurrió el 20 de octubre, poco después de salir de una sesión de concejo municipal. En aquella reunión de trabajo, Corzo le cuestionó al alcalde Ulises Villegas dónde se colocarían las 148 volquetadas de rocas adquiridas para evitar otro desbordamiento del río Chillón.

En lugar de esclarecer esa duda, el burgomaestre solo atinó a responder—arrogantemente— que la gerencia municipal le iba a responder por escrito.

Pero esta no fue la primera agresión contra Corzo Saldarriaga. La primera amenaza ocurrió a mediados de septiembre, cinco minutos antes de entrar a otra sesión de concejo, cuando recibió un mensaje de extorsión de ‘Los Pulpos del Norte’.

“Fue después de que ellos hicieron la regularización de la compra de las rocas, y se enteraran de que yo había solicitado la inspección técnica a Indeci,” precisó la concejal a este diario.

Según una denuncia que ya se encuentra en la Fiscalía Anticorrupción de Lima Norte, solo los vecinos de la Asociación Los Jardines señalan haber visto 15 volquetadas de rocas.

Las fotos y videos de toda la ribera tampoco evidencian piedras de gran tamaño, al menos no las necesarias para la instalación del enrocado en la faja marginal de río Chillón.

Yenson Cornejo es otra autoridad de Comas que también fue atacada a mediados de mayo. Empezó a recibir llamadas y mensajes amenazantes desde que comenzó a acompañar al alcalde en operativos de fiscalización. Entre ellos, inspecciones a prostíbulos y otros negocios informales. Pero la intimidación alcanzó tal nivel que dos delincuentes llegaron a romper las ventanas de su casa.

UNA TAREA DE POCOS AMIGOS

El respaldo de un regidor para un alcalde es fundamental en su gestión municipal. Los regidores fiscalizan a los funcionarios, aprueban ordenanzas y presupuestos, y forman comisiones investigadoras, entre otras labores. El voto favorable de un regidor, por ejemplo, puede permitirle a un burgomaestre otorgar contrataciones o disponer de ciertos recursos.

Según el exregidor de Lima Jorge Valdez, los ataques pueden provenir de la delincuencia o de la propia municipalidad. En el primer caso, Valdez asegura que podría estar vinculado a los recursos económicos de un regidor ya que la ley le permite ser empresario o trabajar en el sector privado.

El segundo motivo está relacionado a su labor como fiscalizador, a su postura frente a ciertas medidas, o a sus intereses políticos.

“Si un alcalde pierde la mayoría (de regidores), puede sufrir investigaciones, tener votos en contra. Eso puede generar fricciones, y podría generar cierta hostilidad”, dijo Valdez.

“Si un regidor hace bien su tarea, y sabe cómo utilizar el derecho municipal, puede poner contra la pared a alguna administración. Y podría volverse molesto para un alcalde, un grupo de regidores o toda una administración,” señaló.

En mayo de este año, las regidoras Lily Morey y Zuleika Benel rechazaron la adjudicación directa que la comuna de San Isidro le otorgó al Consorcio Green World por el mantenimiento de áreas verdes.

Benel incluso formó una comisión investigadora para esclarecer presuntas irregularidades en torno a la dudosa contratación valorizada en casi S/32 millones. Entre ellas, un incremento presupuestal del 25.5%, según un informe de la Contraloría. La licitación fue anulada días después del reporte, a fines de mayo, cuando este diario hizo el destape.

Zuleika Benel cuenta que empezó a recibir varios mensajes y llamadas que la tildaban de “soplona” y la amenazaban de muerte durante el cuestionado proceso de contratación.

No ha vuelto a recibir más amenazas desde ese entonces. Sin embargo, confiesa haber limitado su trabajo fiscalizador por miedo a futuras represalias.

Irónicamente, San Isidro le ha vuelto a entregar otra adjudicación a ECO-RIN SAC, integrante del consorcio que sobrevaloró por millones el contrato por el mantenimiento de áreas verdes. La buena pro por el servicio de alquiler de seis camiones cisterna está valorizada en más de S/1 millón 500 mil.

Otro extraño hecho vinculado a la gestión de la alcaldesa Nancy Vizurriaga es la fiscalización de la peluquería ‘Koko Cáceres’, donde la autoridad edil es clienta. Según la disposición fiscal, a fines de abril, la regidora Lily Morey denunció el mal uso del estacionamiento del local comercial.

Aquella inspección le ha valido a la regidora tres denuncias penales por abuso de autoridad, usurpación de funciones y falsificación de documentos. Dos de ellas han sido interpuestas por el peluquero y el procurador municipal.

Y también le costaría una posible vacancia ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) este 15 de noviembre pese a que este proceso no prosperó cuando fue sometido a votación en el concejo municipal.

Las embestidas contra las autoridades municipales son cada vez más frecuentes, y no son solamente ataques o amenazas. Entre abril y octubre de este año, el teniente alcalde de Santa Anita y el teniente gobernador de San Juan de Lurigancho fueron asesinados a balazos.

Es solo una demostración de la realidad que vive el país, donde el hampa y la delincuencia le van ganando la batalla al Estado. Así las cosas, no hay luz al final del túnel.

Alcaldes de Lambayeque también son víctimas

En las últimas semanas, organizaciones criminales que operan en la región de Lambayeque han amenazado de muerte a siete alcaldes de Lambayeque. Se trata de las autoridades de Chiclayo, Pimentel, La Victoria, Pátapo, Ferreñafe, Picsi y Tumán, quienes han denunciado recibir llamadas o mensajes de extorsión, o ser víctimas de una acechadora vigilancia.

Según la periodista Claudia Constantino, quien cubre los hechos locales, la Policía ha detectado que los reos de la cárcel Río Seco (Piura) y del penal de Chiclayo estarían detrás de estas amenazas.

Al alcalde de Picsi, Juan Coronado Sánchez, le exigieron S/50 mil, y a su par de Ferrañafe, Ponlasky Carmona, le pidieron un adelanto de S/5 mil. Todo esto a cambio de no atentar contra sus vidas ni la de sus familiares.

Sin embargo, las autoridades tampoco descartan que sean bandas criminales las que están detrás de las intimidaciones.

El burgomaestre de Pimentel, Enrique Navarro, denunció que integrantes de una facción del Tren de Aragua le exigieron pagar S/300 mil a cambio de mantener a su familia con vida.

Del mismo modo, la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cuba, denunció ser víctima de la banda Los Injertos de la Nueva Generación, quienes le enviaron un video de dos granadas de guerra para exigirle la misma cantidad de dinero.

Y no todo se queda en amenazas. Hace dos días, delincuentes dejaron un explosivo cerca de la camioneta del hermano del gobernador regional de Piura, Luis Neyra. Semanas atrás, también dejaron dinamita en el baño del Gobierno Regional de Lambayeque con una carta dirigida al gerente regional de Infraestructura, Virnel Serna.

“Contesta las llamadas, maldito Virnel Serna Guerrero. Sabemos que negocias las obras del Gore. Tienes que pagarnos la cuota. ¡Última advertencia!”, se leía en esa hoja.

¿Qué pueden esperar, entonces, los ciudadanos de las autoridades cuando ni ellas están a salvo?

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