Prefectos con denuncias y sin estudios superiores

A fines del año pasado, el premier Alberto Otárola se pronunció respecto del nombramiento de prefectos y subprefectos señalando que se necesitaban personas “idóneas” en el cargo, “sin importar su color político”. Sin embargo, el 18 de julio, el director general del Gobierno del Interior, Jorge Ortiz Marreros, designó a 37 autoridades que —una vez más— dejan mucho que desear. Unos son investigados en la Fiscalía, otros tienen vínculos con organizaciones ligadas a Pedro Castillo y 30 de ellos no cuentan con estudios superiores, según la Sunedu.

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El subprefecto distrital de Huánuco, David Mallqui, fue secretario provincial del Partido Magisterial y Popular, organización vinculada a Pedro Castillo y a Fenate Perú, sindicato de maestros con nexos con el Movadef que también apoyó al expresidente.

Desde 2021 el interés de Mallqui Albornoz —quien es docente sin contar con un grado académico— por convertirse en subprefecto ha sido evidente. “Como somos gobierno, debemos asumir las prefecturas, subprefecturas y los programas sociales, de paso respaldar a nuestro líder Pedro Castillo”, reclamó Mallqui en una oportunidad.

Pero el historial del subprefecto va más allá de sus afiliaciones políticas. En 2019, Mallqui fue denunciado en la Fiscalía de Huánuco por estar vinculado a una investigación contra los dueños de Amazon Import. Los empresarios fueron acusados de vender autos de la automotriz Gildemeister, sin autorización y falsificando documentos, a al menos 11 personas que pagaron por adelantado por carros que nunca recibieron.

Mallqui fue incluido en dicha investigación por presuntamente haber cometido el delito de estafa.

Otra autoridad denunciada fue la subprefecta distrital de Amazonas, Lina Camus Saldaña, por “haber contravenido el derecho a la integridad personal del menor con iniciales R.E.C.S. de 14 años”. La denuncia intentó ser archivada en noviembre de 2019 sin éxito.

La subprefecta de Huambo y locutora de radio también fue denunciada por difamación agravada. No obstante, ambas denuncias no le impidieron postular a la alcaldía de Huambo en 2022.

Otro caso es el de Marco Antonio Orozco —subprefecto distrital de Huarochirí, Lima—, quien fue sancionado por la ONPE por no presentar información financiera de su campaña electoral cuando postuló para ser alcalde del distrito donde ahora es subprefecto. La multa de 10 UIT, sin embargo, fue anulada a fines de 2022.

Orozco Alarcón, al igual que otros nueve subprefectos, han sido o militantes de Alianza para el Progreso o de Perú Libre.

También está Pascual Raúl Chumpitaz, quien fue designado como subprefecto distrital de Santa Cruz de Flores, en Cañete. Chumpitaz es uno de los 30 subprefectos que no cuentan con estudios superiores. Sin embargo, eso no parece impedirle participar en decisiones importantes para Cañete, como la elección del juez de paz del distrito del que ahora es subprefecto.

PENDIENTE EN EL PLENO

“Difícilmente estos señores pasan por proceso de evaluación, en la mayoría son designados a dedo”, afirmó Nilza Chacón, autora del proyecto de ley que busca eliminar los cargos de prefectos y subprefectos como autoridades políticas.

La congresista de Fuerza Popular señaló pese a que el dictamen fue aprobado por mayoría, aún no ha sido debatido en el Pleno del Congreso.

Ten en cuenta:

- Un informe de Perú21 reveló que Jorge Ortiz Marreros nombró en abril a cuatro subprefectos adherentes a Movadef.

- La congresista Ruth Luque aseguró que el debate de prefectos no puede estar sujeto al “interés político” de un sector.

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